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26.Apr.2017 01:00
Homicida declaró, pero traía a Derechos Humanos como ‘guardaespaldas’

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE) negó haber dejado ir al presunto asesino de la maestra Matilde Gil, tal y como lo declaró su hija, Lilia Aguilar.




De manera oficial indicó que el presunto acudió asesorado de un abogado y de un defensor de Derechos Humanos a rendir su declaración, y al no contar con elementos de prueba exigidos por la ley, no había fundamento legal para ordenar la detención de esa persona, ni para presentarlo ante un Juez, quién evidentemente hubiera declarado de ilegal la detención, se indica.

“Hasta ese momento no se contaba con pruebas que evidenciaran la existencia de un delito y de su participación. Eso es lo que nuestras leyes denominan como el principio de presunción de inocencia y garantía al debido proceso que debe prevalecer en la investigación. Afirmar lo contrario, simplemente es por desconocimiento de la ley o con el ánimo de descontextualizar los hechos”, citan, dando los siguientes puntos:



La maestra Matilde Gil Herrera, desapareció la tarde del 05 de abril de 2017, de un conocido centro comercial en donde después de las investigaciones realizadas, se supo que abordó voluntariamente el vehículo de una persona ligada a la familia.
La denuncia de su desaparición la interpuesto su esposo Rubén Aguilar Jiménez, el 06 de abril de 2017, y a partir de ese momento, se realizaron un gran número de diligencias y actividades en su búsqueda por aire y tierra; se analizaron videos y declararon personas.
De esa manera, se logró tener conocimiento de una persona que podría aportar información, misma que fue localizada para rendir su declaración hasta el 19 de abril de 2017, y quien aportó datos que nos llevaron a conocer su paradero, el nombre de las personas que intervinieron y el lugar donde se encontraba la maestra Matilde Gil. Según su declaración la maestra fue privada de la vida el mismo día de su desaparición, es decir, el día 05 de abril del 2017.
A partir de esas declaraciones se pudo establecer, hasta entonces, la participación de la misma persona allegada a la familia con quién se alejó del centro comercial.
Las actuaciones de la FGE en la secuela de la investigación son las que permitieron establecer el paradero de la víctima.
Previo a eso, y durante las diligencias realizadas, se declaró a una persona, que se ubicaba en el círculo íntimo de la familia y quién hasta el momento, no se tenía el conocimiento de su participación. Lo único que se sabía hasta después de su segunda declaración, fue que efectivamente había ido por la maestra al centro comercial porque ella misma se lo pidió.
Dicha persona acudió asesorado de un abogado y de un defensor de Derechos Humanos y al no contar con elementos de prueba exigidos por la ley, no había fundamento legal para ordenar la detención de esa persona, ni para presentarlo ante un Juez, quién evidentemente hubiera declarado de ilegal la detención; ya que se reitera, hasta ese momento no se contaba con pruebas que evidenciaran la existencia de un delito y de su participación. Eso es lo que nuestras leyes denominan como el principio de presunción de inocencia y garantía al debido proceso que debe prevalecer en la investigación. Afirmar lo contrario, simplemente es por desconocimiento de la ley o con el ánimo de descontextualizar los hechos.
La Fiscalía General del Estado realizó un intenso y exhaustivo trabajo de investigación con la participación de un considerable número de agentes del Ministerio Público y Agentes Investigadores de diversas áreas y cuyo resultado se obtuvo mediante órdenes de aprehensión la detención de dos personas como probables responsables en la participación de estos hechos, y se continúa con la búsqueda de otros dos probables responsables.
Se reitera que la actuación de la FGE y de sus unidades, ha sido con estricto apego al marco legal con profesionalismo. Lamentamos el deceso de la maestra Matilde Gil Herrera y nos unimos a la pena que embarga a la familia, quienes fueron recibidas en no menos de veinte ocasiones por los investigadores, los ministerios públicos y a quienes se les informó momento a momento de los avances de la investigación.

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