La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene bajo revisión el proceso que podría impedir al Congreso de Nuevo León destituir o inhabilitar al gobernador Samuel García mediante un juicio político. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra presentó un proyecto para conservar la suspensión que protege al mandatario mientras se determina la legalidad del procedimiento legislativo. Sin embargo, el análisis del asunto quedó pendiente y fue aplazado durante la sesión del 5 de noviembre, por lo que todavía no existe una resolución definitiva sobre este tema.

La medida judicial no significa que el juicio político haya sido cancelado, ya que los diputados locales pueden continuar con el procedimiento, integrar expedientes y avanzar en las investigaciones, pero no ejecutar una eventual sanción de destitución o inhabilitación mientras permanezca vigente la suspensión. El proceso legislativo se originó por señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y posibles operaciones con empresas vinculadas a familiares del gobernador. La controversia constitucional busca determinar si el Congreso estatal actuó conforme a sus facultades al iniciar este procedimiento.

A este escenario se suman nuevas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Clara Luz Flores, quien señaló presuntas operaciones financieras por alrededor de 7 mil 212 millones de pesos durante la administración estatal, además de contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por autoridades estadounidenses. Las querellas incluyen señalamientos por presunto peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes y, hasta el momento, no representan una determinación de responsabilidad contra Samuel García.