Chihuahua, Chih.— Para cumplir a cabalidad con la Ley #8de8 Contra la Violencia Política en Razón de Género, esta mañana se firmó un Convenio de Colaboración entre el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

El evento fue presidido por la Consejera Presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto; la Magistrada Karla Esmeralda Reyes, en representación de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta; el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno; las Consejeras y Consejeros Electorales Fryda Libertad Licano Ramírez, Georgina Ávila Silva, Gerardo Macías Rodríguez, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, Víctor Yuri Zapata Leos y Ricardo Zenteno Fernández; el Secretario Ejecutivo del IEE, Arturo Muñoz; así como representantes del poder Legislativo y de las secretarías de Gobierno del Estado.

El Convenio tiene la finalidad de entablar una relación interinstitucional para dar viabilidad a las responsabilidades impuestas en el artículo 38 constitucional a los órganos electorales, para que éstos vigilen que personas agresoras no sean candidatas a puestos de elección.

Son 8 supuestos en los cuales una persona postulada como candidata no debe haber incurrido:

1. Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal.
2. Comisión de delitos contra la libertad y la seguridad sexuales.
3. Cuando se afecte al normal desarrollo psicosexual.
4. Violencia familiar.
5. Violencia doméstica.
6. Violencia en la intimidad sexual.
7. Violencia política.
8. Morosidad relacionada con el pago de la pensión alimentaria.

La Consejera Presidenta del IEE, Yanko Durán Prieto, recordó cómo en el pasado no existía una obligación jurídica para demostrar que una persona candidata no había incurrido en estos delitos, sólo bastaba que se manifestara bajo protesta, lo cual no era suficiente para otorgar certeza a la ciudadanía.

“Con este Convenio se sientan las bases operativas para tener información de todas las personas postuladas, para que el IEE pueda verificar que no se encuentren en suspensión de sus derechos políticos y electorales, para garantizar que las personas que nos representen en los espacios públicos y de poder sean personas de honestidad e íntegras”, finalizó Durán Prieto.