Y este documento, explicó ayer el titular del despacho legal que llevó la defensa, Manuel Pineda, “no encuadra” con la ilicitud de las conductas que le atribuyó a A. C. la Fiscalía General del Estado.

JUÁREZ.-El amparo del Juzgado Séptimo de Distrito que liberó a José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud y único acusado por el hallazgo de 386 cadáveres apilados, indica que el establecimiento contaba con aviso de funcionamiento.

Y este documento, explicó ayer el titular del despacho legal que llevó la defensa, Manuel Pineda, “no encuadra” con la ilicitud de las conductas que le atribuyó a A. C. la Fiscalía General del Estado.

“Dice el Artículo 202 (del Código Penal estatal), que oculte, es la hipótesis, sin la licencia debida; el de la Ley General de Salud, (dice) ‘conserve’ ilícitamente; la ilicitud y la licencia no encuadran, es un requisito, porque tenían una licencia de funcionamiento”, dijo Pineda en entrevista.

La mención al aviso aparece en el apartado en el que el juez federal que otorgó el amparo, Luis Eduardo Rivas Martínez, rebate el “elemento normativo” del artículo fincado a A. C. por la Fiscalía General del Estado –el 202 del Código Penal–, “consistente en la ausencia de orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.

De ahí, agrega la sentencia de Rivas, que “la dilación en el proceso de cremación de los cuerpos recibidos, consiste en una omisión cuya consecuencia es meramente administrativa, tal como lo manifestó la autoridad sanitaria a través de su director, esto es el de doctor Luis Carlos Tarín Villamar, titular de Coespris del Estado de Chihuahua, quien hizo del conocimiento de la fiscalía la consecuencia decretada en previa visita llevada a cabo el marzo de dos mil veintidós, en la cual, al encontrar quince cuerpos, dicha comisión sanitaria procedió a sancionar a la empresa de mérito con una suspensión temporal de actividades”.

Encarcelado desde junio, A. C. fue liberado luego de que, el jueves 12 de febrero, Rivas Martínez revocó no sólo la prisión preventiva sino también el auto de vinculación debido a que la acusación, indicó el amparo, no demuestra actos tendientes a ocultar los cadáveres sin el permiso para ello, o a conservarlos de manera ilícita.