Chihuahua, Chih.- En el marco del 8 de marzo, la diputada del PAN, Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa para que se otorguen permisos laborales pagados a mujeres que necesiten acudir ante autoridades por ser víctimas de violencia o para atender audiencias y trámites legales relacionados con pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de convivencia o medidas de protección. La propuesta plantea reformas al Código Administrativo del Estado de Chihuahua y, además, impulsar cambios a nivel federal en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y en la Ley Federal del Trabajo.

La legisladora sostuvo que la iniciativa responde a una realidad que ya afecta a miles de mujeres en Chihuahua. Tan solo en 2023, la capital del estado registró 3 mil 530 denuncias por violencia familiar, lo que representó un aumento de 9.4 por ciento respecto al año anterior. Además, ese mismo año se contabilizaron 389 llamadas al 9-1-1 por violencia familiar, 1 mil 283 por violencia contra la mujer y 137 por violencia de pareja. En materia de deudores alimentarios, en el estado se abrieron 1 mil 078 carpetas de investigación en 2023, mientras que en el primer bimestre de 2024 la ciudad de Chihuahua acumuló 189 denuncias en este rubro.

Frías explicó que hoy muchas mujeres tienen que faltar a su trabajo para denunciar agresiones, ratificar medidas de protección o exigir la pensión de sus hijos, y terminan con descuentos salariales o bajo riesgo de sanciones laborales. “Que ninguna mujer vuelva a elegir entre su salario y su dignidad. La justicia no puede seguir costándoles el empleo, el sueldo o la tranquilidad a quienes se atreven a denunciar”, expresó la diputada. También recordó que, según la ENDIREH 2021, siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, mientras que un informe de la OIT señala que 22.8 por ciento de las personas trabajadoras ha enfrentado violencia o acoso en su empleo.

Nancy “La China” Frías señaló que el permiso no sería automático ni discrecional, sino que tendría que acreditarse con denuncias, citatorios, constancias de comparecencia o medidas de protección emitidas por autoridad competente. Añadió que la intención es que las mujeres no pierdan salario, prestaciones ni antigüedad por acudir a procesos legales derivados de violencia o asuntos familiares, y que el trabajo deje de convertirse en otro obstáculo para quienes buscan protegerse a sí mismas y a sus hijas e hijos.