Washington y Nueva York. El gobierno de Donald Trump cambió sus tácticas antimigrantes después de las crecientes denuncias y las protestas contra las redadas y los arrestos masivos, en los cuales en promedio detienen a unas mil personas cada día; ahora también emplea medidas menos públicas para frenar el acceso de extranjeros indocumentados a empleo, vivienda, educación y servicios de salud.

Nuevas datos entregados al Congreso la semana pasada sugieren que un promedio de 36 mil inmigrantes fueron deportados mensualmente durante 2025. Además, se registraron unos 60 mil extranjeros en detención durante los primeros meses de este año, un incremento dramático del promedio de 40 mil de 2024, reportaron Bloomberg y NBC News.

El gobierno de Trump insiste en que sí cumple con su meta de expulsar a más de un millón de inmigrantes cada año, al asegurar que cientos de miles se han “autodeportado” al enfrentar cada vez más amenazas de persecución, redadas y violencia. Sin embargo, debido a que autoridades en gran medida han dejado de publicar estadísticas mensuales, no hay manera de verificar esos datos.

Un informe de CNN en marzo encontró que sólo 72 mil inmigrantes habían notificado a la administración federal su intención de autodeportarse y con ello recibir el premio de miles de dólares.

Ante ello, Stephen Miller, arquitecto de las políticas migratorias del presidente, continúa buscando nuevos mecanismos para acelerar el ritmo de deportaciones. Por ejemplo, el Departamento de Justicia presiona a jueces de inmigración que presiden audiencias para determinar la expulsión de individuos a que aceleren los procesos, y ha despedido a más de 100 de los 750 jueces en la materia del país por no cumplir con esa orden.

“Todos estamos mirando por encima del hombro”, comentó la juez de inmigración Holly D’Andrea a The New York Times. Miller ha insistido en que el gobierno no está obligado a ofrecer audiencias judiciales a “ilegales”.

En Estados Unidos los jueces de inmigración no trabajan para el Poder Judicial, sino son empleados del Departamento de Justicia del Ejecutivo y, por lo tanto, pueden ser cesados bajo órdenes del presidente.

De hecho, muchos de los detenidos durante las redadas masivas cuentan con documentos o han interpuesto una solicitud jurídica para radicar en el país, pero son arrestados porque “se ven” como extranjeros, por hablar español u otros idiomas, o por no llevar sus papeles cuando son arrestados.

Abogados han presentado cientos de demandas legales para frenar las redadas y lograr la excarcelación de sus clientes, pero el proceso es lento y complejo, y ahora los jueces están bajo intensa presión para deportar a cada vez más gente o arriesgar la pérdida de sus empleos.

Recientemente, Trump reconoció que aun entre sus bases republicanas se multiplican las expresiones de preocupación por las detenciones y deportaciones masivas. Ante ello, el consejero presidencial Miller presiona a gobiernos estatales con el fin de implementar procedimientos administrativos diseñados para hacer cada vez más difícil la vida cotidiana de inmigrantes indocumentados.

“La próxima fase de la represión a la inmigración es más silenciosa y más desestabilizadora”, reportó The New York Times.

Por ejemplo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno federal propuso un nuevo precepto en febrero que pretende atacar a familias que tienen entre sus integrantes a uno o varios indocumentados, aún si los demás tienen papeles. La norma prohíbe cualquier asistencia pública a todos –incluyendo a quienes están en regla– si sólo una o más personas indocumentadas viven en sus hogares. Esa medida podría expulsar hasta a 80 mil personas de vivienda pública, según un cálculo por el Center for Budget and Policy Priorities.

El gobierno federal ya comenzó una campaña para retirar licencias de conducir a choferes de camiones que no radican legalmente en el país y ha anunciado que los no ciudadanos ya no podrán obtener préstamos para pequeños negocios del gobierno federal, aunque residan en Estados Unidos de forma documentada.

En una reunión, en marzo, con legisladores estatales republicanos de Texas, Miller les sugirió contemplar promover una ley que suspendería el financiamiento para la educación pública de todo estudiante indocumentado en el estado. Esa medida, si es impulsada, podría afectar a hasta 100 mil estudiantes sólo en Texas.

“Con el giro de estrategia del gobierno de Trump de redadas descaradas en una ciudad, se busca aplicar presión en todo punto de contacto entre inmigrantes y gobierno, usando la vasta burocracia del país”, reportó The New York Times en una investigación de estas medidas.

El gobierno de Trump también ha logrado reducir de manera dramática la inmigración regular a este país, según una nueva investigación del conservador Cato Institute. “Washington probablemente ha reducido la inmigración legal más que la ilegal”, indicó David Bier, de ese centro de análisis.

“Los datos disponibles sugieren que 2.5 veces más entradas legales que ilegales se están frenando”, recalcó.

información: La Jornada