El senador Enrique Inzunza Cázarez, quien fue secretario General del Gobierno de Sinaloa con Rocha, exigió ayer sanciones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; y el exfiscal chihuahuense César Jáuregui; hoy, es acusado de narcotráfico por la fiscalía de Estados Unidos.
Hoy, 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), a través de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, emitió un comunicado anunciando “cargos por tráfico de drogas y ofensas relacionadas a armas” en contra de diez políticos mexicanos.
El fiscal de Distrito Sur en Nueva York, Jay Clayton; y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, “anunciaron hoy la desclasificación de una acusación formal” contra “Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa), Enrique Inzunza Cázarez” y otros ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa.
¿Quién es Enrique Inzunza?
Enrique Inzunza Cázarez es senador de Morena, de mayoría relativa, representando al estado de Sinaloa desde 2024.
De 2021 hasta el 2024 fue el secretario general de Gobierno de Sinaloa en la actual administración de Rubén Rocha Moya.
¿De qué acusan a Enrique Inzunza Cázarez?
Por su participación en el gobierno sinaloense es que están acusando al senador Inzunza de posibles delitos de tráfico de drogas y sobre manejo de armas.
La propia fiscalía estadounidense destaca que “todos son o fueron altos funcionarios de gobierno o de corporaciones de seguridad en el estado mexicano de Sinaloa”, además de mencionar que “todos presuntamente han colaborado con el Cártel de Sinaloa”.
Es señalado como “senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa”.
Los acusan de los delitos:
Conspiración para importar drogas.
Posesión de ametralladoras (armas largas) y dispositivos destructivos.
Conspiración para poseer de ametralladoras (armas largas) y dispositivos destructivos.
Podría enfrentar como penas máxima prisión de por vida, y como mínimo 40 años de prisión si fuera encontrado culpable.
Le “echó a Maru
El sinaloense Inzunza participó ayer en el debate en el Senado, exigiendo sanciones para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván; y el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusándolos de vulnerar la Constitución.
Esto ocurrió derivado a la muerte de dos agentes de Estados Unidos en la Sierra Tarahumara, que viajaban con el director y un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía chihuahuense que también perdieron la vida.