El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que presentará denuncias por el presunto uso indebido de estudiantes de nivel medio superior en un evento de carácter político, luego de que padres de familia manifestaran inconformidades por la convocatoria que se hizo a alumnos del Colegio de Bachilleres y otras preparatorias.

El alcalde señaló que los jóvenes, principalmente de sexto semestre, fueron citados bajo el argumento de participar en un taller sobre seguridad y niñez; sin embargo, el evento terminó teniendo un enfoque político-partidista, lo que calificó como un “descaro institucional”.

Pérez Cuéllar dijo que estos hechos estarían relacionados con el reciente cambio en la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte, al acusar que la nueva persona titular estaría actuando con una línea a favor del Partido Acción Nacional y del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

El edil juarense denunció que durante el evento se habría incurrido en prácticas como el acarreo de estudiantes, así como la promoción personalizada de un servidor público mediante la entrega de materiales con su imagen, lo cual está prohibido por la ley.

Ante esta situación, informó que su equipo jurídico ya analiza la presentación de denuncias ante el Instituto Estatal Electoral, al considerar que existen elementos suficientes para proceder por el uso de recursos públicos con fines políticos.

El Presidente Municipal exigió la destitución del subsecretario de Educación en la Zona Norte (Roberto Anaya Moreno), al señalar que su actuación es “abiertamente parcial” y contraria a la legalidad.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran la convocatoria a estudiantes bajo un supuesto congreso de la niñez, la utilización del evento para promoción política, la distribución de documentos con imagen de funcionarios y la movilización de alumnos de distintas instituciones educativas.

Pérez Cuéllar también indicó que se analiza si existe responsabilidad directa del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, particularmente en lo relacionado con la promoción personalizada, aunque aclaró que ese punto aún se encuentra en revisión.

Reiteró que este tipo de prácticas deben ser investigadas y sancionadas, al considerar que vulneran la confianza de la ciudadanía y el correcto uso de las instituciones públicas.