La Fiscalía del Distrito Norte de Texas acusó formalmente de doce cargos a Loyd Walter Hall, como parte de una red que traficaba armas para el Cártel de Sinaloa a través de un contacto en el estado de Chihuahua.

Una red presuntamente dedicada a suministrar armas al Cártel de Sinaloa operó durante más de dos años mediante una relación directa con un integrante de la organización criminal ubicado en el estado Chihuahua, México, establece la acusación presentada por autoridades federales de Estados Unidos.

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas formuló una acusación de doce cargos contra Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, así como contra otras tres personas relacionadas con la supuesta compra y el tráfico ilegal de armas de fuego.

Armas a través del estado de Chihuahua
Según el documento judicial, entre 2024 y 2026 Hall y varios de sus presuntos cómplices mantuvieron contacto con un miembro del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, a quien habrían proporcionado armas, conocimientos técnicos y orientación para evadir a las autoridades estadounidenses.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Hall continuó colaborando con la organización a pesar de conocer que el Cártel de Sinaloa había sido designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Para realizar las operaciones habría trabajado con cómplices identificados y otras personas cuyos nombres no fueron revelados.

La red de acusados
Hall enfrenta cargos por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su introducción a Estados Unidos, posesión de un arma relacionada con el narcotráfico y declaraciones falsas ante vendedores de armas.

También fueron acusados Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente de Dumas, Texas, y Omar Velasquez, de 44 años y originario de Utah, por conspiración para realizar compras mediante prestanombres y traficar armas de fuego. Catlynn Ann Townsend, de 29 años, enfrenta un cargo por proporcionar información falsa a un distribuidor autorizado.

El fiscal federal Ryan Raybould afirmó que cada arma enviada desde Estados Unidos fortalece la capacidad de los cárteles para proteger sus operaciones de narcotráfico, corromper autoridades, aterrorizar comunidades y participar en delitos como el robo internacional de combustible.

La investigación fue realizada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con apoyo del FBI y la Policía de Amarillo.

Hall podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua; Meza y Velasquez hasta 15 años de prisión, y Townsend hasta cinco años.

Las autoridades aclararon que la acusación únicamente contiene señalamientos sobre una posible conducta criminal y no constituye una prueba de culpabilidad. Los procesados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.