Un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vuelve a colocar en el centro de la controversia sus contactos con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses. El periodista Gildo Garza difundió el material y sostuvo que en la conversación se plantea a la mandataria la posibilidad de elaborar una “proffer letter”, figura utilizada en el sistema de justicia estadounidense para establecer las condiciones bajo las cuales una persona puede proporcionar información a fiscales durante una investigación

Un nuevo audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, vuelve a colocar en el centro de la controversia sus contactos con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses. El periodista Gildo Garza difundió el material y sostuvo que en la conversación se plantea a la mandataria la posibilidad de elaborar una “proffer letter”, figura utilizada en el sistema de justicia estadounidense para establecer las condiciones bajo las cuales una persona puede proporcionar información a fiscales durante una investigación.

La grabación se suma a una serie de audios difundidos desde junio y julio de 2026, en los que aparece la voz de Ávila Olmeda conversando con personas que, según los propios interlocutores, tendrían vínculos con agencias estadounidenses. La gobernadora ha reconocido que la voz que aparece en las primeras grabaciones es la suya, aunque ha negado haber celebrado acuerdos clandestinos con autoridades de Estados Unidos y ha sostenido que los participantes en esas conversaciones nunca acreditaron formalmente representar a una agencia gubernamental estadounidense.

El nuevo material vuelve a mencionar al abogado estadounidense Michael Nadler, quien previamente fue identificado como representante legal de la mandataria en Estados Unidos. Nadler es un abogado de Miami y exfiscal federal con experiencia en investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero y delitos financieros.

De acuerdo con la transcripción difundida junto con el audio, uno de los interlocutores advierte a Ávila Olmeda que las agencias estadounidenses ya no estarían dispuestas a continuar con las conversaciones porque, según su versión, consideraban que habían “perdido el tiempo”. En ese contexto se le plantea una última posibilidad para intentar detener oportunamente posibles cargos o sanciones.

El interlocutor agrega que esa sería la única vía para intentar “abrir y frenar los cargos o sanciones a tiempo”, sin precisar en ese momento cuáles serían los delitos atribuidos a la gobernadora.

La conversación adquiere especial relevancia porque la propia mandataria pregunta de manera directa cuáles serían los cargos y por qué delito podrían presentarse. La respuesta que recibe, según la transcripción difundida, es que esa información no puede ser detallada en ese momento y que posteriormente su abogado tendría que intervenir en el proceso.

“Cargos y sanciones, pero ¿por qué delito? ¿Cuál es el delito?”, pregunta la gobernadora.

La respuesta, de acuerdo con el audio atribuido a la conversación, es: “No puedo describirlo”.

El intercambio también hace referencia a Michael Nadler. En la conversación se plantea que el abogado tendría que conocer la situación y participar en las gestiones necesarias para concretar una reunión.

La aparición del nombre de Nadler no es nueva. En una grabación difundida anteriormente, Ávila Olmeda identificó al abogado como su representante legal en Miami. El propio perfil profesional de Nadler muestra experiencia como fiscal federal antes de incorporarse a la práctica privada, particularmente en investigaciones financieras, corrupción internacional y lavado de dinero.