El reciente hallazgo de 774 tortugas transportadas clandestinamente en el aeropuerto de Tijuana puso en marcha una serie de acciones legales y ambientales promovidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que actuó tras el rescate hecho en conjunto con efectivos de la Guardia Nacional.

Los ejemplares, de varias especies nativas, fueron descubiertos el 12 de noviembre de 2025, ocultos en calcetines y albergados dentro de cajas de plástico insertas en nueve cajas de cartón rotuladas como “cosméticos”, según informó la Profepa. Este operativo se originó por la sospecha de prácticas ilícitas en el manejo de mercancías enviadas mediante una empresa de paquetería comercial.

La Profepa detalló que estas acciones constituyen ilícitos en materia de biodiversidad, según lo contemplado en el artículo 420, fracciones I, IV y V del Código Penal Federal. El caso se agrava por tratarse de ejemplares sujetos a diferentes niveles de protección.

Tres de las especies involucradas las Kinosternon cora, Kinosternon integrum y Kinosternon oaxacae, se encuentran incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de “protección especial”. La extracción, transporte y manipulación clandestina de estas tortugas representa no solo una amenaza directa a su supervivencia, sino también una transgresión significativa a los reglamentos ambientales nacionales.

El informe presentado por la Profepa subraya la gravedad de las condiciones en que fueron hallados los ejemplares: “El hacinamiento documentado de las tortugas, su transporte negligente y la ausencia de documentación que acreditara su legal procedencia, configuran un escenario de daño ambiental y un riesgo grave para la biodiversidad”, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por tal motivo la autoridad ambiental presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables, abriendo la vía penal además “inició el procedimiento administrativo correspondiente, en representación de la víctima y como coadyuvante en la integración de la carpeta de investigación”.

Cabe destacar que el oficio de denuncia fue entregado por Profepa el pasado 19 de noviembre. La dependencia informó que en el cargamento se registró el fallecimiento de cuatro tortugas mientras que el resto parecía estar en estado saludable.

En su comunicado, la Procuraduría adelantó que mantendrá su participación como coadyuvante en la investigación y en el proceso penal, con el objetivo de que además de sancionar a los responsables, se ordene “la reparación y compensación del daño ambiental”.

La Profepa enfatizó que la sustracción y manipulación ilegal de ejemplares silvestres representa una afrenta directa a la integridad de los ecosistemas mexicanos, generando efectos que repercuten en toda la cadena local.