Autoridades estadunidenses emitieron una acusación en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y más funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el narco, en específico, con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades les imputan delitos ​​de narcotráfico y relacionados con armas.

Entre los 10 funcionarios se encuentran: 

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. 
Enrique Inzunza Cázarez, senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
De acuerdo con las autoridades, los señalados ​​han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de Los Chapitos.

"Por ejemplo, Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales", se lee en el documento. 

Rocha es un cuadro histórico de la izquierda mexicana: ex dirigente estudiantil, ex rector de la UAS, ex senador de Morena y gobernador desde 2021, con una carrera construida entre academia, operación política y poder institucional.

Su nombre aparece ahora en una acusación de alto impacto en Estados Unidos junto a actuales y ex funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Se le señala por:

Conspiración para la importación de narcóticos.
Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Podría alcanzar cadena perpetua; pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.