Conforme al debido proceso, esta Fiscalía dio seguimiento a la audiencia inicial, en la que un agente del Ministerio Público acreditó, con datos de prueba suficientes, la probable responsabilidad del imputado César “N” en el delito de ejercicio ilegal del servicio público, previsto en el artículo 253, fracciones II y IV, del Código Penal del Estado. Con ello, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en su contra.

Esta Representación Social contaba con elementos para acreditar también el delito de coalición; no obstante, es respetuosa de la determinación del Juez de Control de no vincular a proceso por ese delito.

El proceso deriva de la conducta del imputado como entonces titular de la Fiscalía General del Estado, en relación con el operativo del 19 de abril en el poblado de El Pinal, municipio de Morelos, para la localización y destrucción de una instalación destinada al procesamiento de droga, así como con la inobservancia de los protocolos aplicables respecto de la participación de personas ajenas a las instituciones facultadas. Los hechos derivaron, además, en el lamentable accidente que cobró la vida de dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de dos elementos de nacionalidad estadounidense.

En la audiencia, el Juez de Control determinó que este proceso, del fuero común, puede seguirse en libertad, con la imposición de medidas cautelares. No obstante, la persona imputada permanece en prisión preventiva en razón de una imputación distinta, del fuero federal, ajena al proceso que instruye esta Fiscalía.

Esta Fiscalía precisa que la imputación por el delito de traición a la patria corresponde al fuero federal y es competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República; por tanto, no forma parte del proceso del fuero común que aquí se informa.

La Fiscalía General del Estado continuará dando puntual seguimiento al proceso, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, y mantendrá su lucha frontal contra la delincuencia, en coordinación con las instituciones que correspondan, para garantizar la paz, el estado de derecho y la libertad de las y los chihuahuenses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).