“Esta sentencia no trae paz, sino más confusión e incertidumbre”, dijo Juana sobre la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento; ahora es una de las ocho mujeres que lideran una de las nuevas demandas colectivas contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados y extranjeros con visas provisionales.
LA OPINION.COM

“Siento un gran pesar, porque sé que muchas familias aún viven con miedo”, dijo en conferencia de prensa virtual. “Tantas otras familias están pasando por la incertidumbre de qué pasará con sus hijos, según donde vivan, eso no es justicia, eso no es Estados Unidos en el que creo”.


Las organizaciones CASA, Inc. y Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), presentaron una demanda colectiva contra el gobierno de Trump en su intento de bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados.

La acción legal se presentó en una corte federal en Maryland, luego de que la Corte Suprema avalara a la Administración Trump aplicar parcialmente la orden ejecutiva contra la ciudadanía por nacimiento.

La demanda está liderada por un grupo de mujeres embarazadas: Maribel, Juana, Trinidad García, Mónica, Liza, Ashley, Andrea y Niurka.

“En última instancia, vamos a poder obtener protección a través de la demanda colectiva para todos en el país cuyo bebé podría estar potencialmente cubierto por la orden ejecutiva, suponiendo que tengamos éxito”, dijo William Powell, asesor principal de ICAP.

La demanda de ACLU
Al mismo tiempo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó otra demanda colectiva, pero en la Corte de Distrito de New Hampshire.

La demanda es acompañada por la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia en nombre de un grupo propuesto de bebés y sus padres sujetos a la orden ejecutiva de Trump.

Al ser demandas colectivas, si un juez apoya a los demandantes, la decisión se extendería a todos los hijos de indocumentados y de extranjeros con visas temporales en el país, aunque es posible que la batalla legal llegue a la Corte de Apelaciones y, eventualmente, a la Corte Suprema nuevamente.

“Todos los tribunales que han analizado esta cruel orden coinciden en su inconstitucionalidad”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este caso. “La decisión de la Corte Suprema no sugirió lo contrario en absoluto, y luchamos para garantizar que el presidente Trump no pueda pisotear los derechos de ciudadanía de ni un solo niño”.

En el mismo tenor se expresaron Devon Chaffee, director ejecutivo de la ACLU de New Hampshire; Tianna Mays, directora legal del Fondo de Defensores de la Democracia; Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine; Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts, y Karla McKanders, directora del Instituto Thurgood Marshall del Fondo de Defensa Legal, quien agregó que la orden del presidente Trump marca una decisión de tendencia racial.

“La orden ejecutiva de la administración Trump es un intento ilegal de consolidar las jerarquías raciales y establecer una segunda clase de ciudadanos en Estados Unidos”, acusó.

Aarti Kohli, directora ejecutiva de Asian Law Caucus, insistió en el punto de McKanders.

“Las comunidades asiático-americanas conocen de primera mano los peligros cuando la ciudadanía se convierte en un arma de exclusión, desde la Ley de Exclusión China hasta el caso Wong Kim Ark y el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés”, expuso. “Es este legado el que nos impulsa a preservar una promesa constitucional que ha definido la ciudadanía estadounidense durante más de un siglo”.

Los expertos enfatizaron en que la ciudadanía por nacimiento es un mandato constitucional y eso defenderán ante tribunales, luego de que la Corte Suprema no se decidió al respecto.

“Los principios constitucionales que fundamentan la libertad en este país siempre han sido desafiantes, complejos y multifacéticos”, expuso Curren Rowles. “La orden ejecutiva del presidente viola el lenguaje sencillo de la Decimocuarta Enmienda y menosprecia los valores estadounidenses fundamentales”.