Chihuahua, Chih.— El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, advirtió que la separación del cargo de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa no puede reducirse a una medida política de contención, sino que debe ser apenas el inicio de una investigación real, exhaustiva y sin simulaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder público.

Medina señaló que la exigencia social va mucho más allá de licencias o relevos temporales, pues lo que México demanda es una revisión profunda sobre todos los actores políticos, funcionarios y operadores de gobierno que pudieran estar vinculados con organizaciones criminales, particularmente en entidades donde durante años la sociedad ha denunciado presuntos nexos entre poder político y narcotráfico.

“El país no puede seguir actuando únicamente cuando hay presión o llamados desde el extranjero. La defensa de nuestra soberanía exige decisiones firmes desde dentro, con instituciones mexicanas que respondan a las y los ciudadanos, no a cálculos electorales ni a crisis mediáticas”, expresó.

El legislador chihuahuense sostuvo que durante años múltiples sectores sociales han advertido sobre riesgos de colusión criminal en gobiernos de estados como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, así como sobre la posible participación o encubrimiento de actores de alto nivel dentro del régimen, denuncias que, dijo, han sido ignoradas sistemáticamente por conveniencia política.

“Cuando el poder público tolera, encubre o permite que el crimen organizado sustituya funciones del Estado en regiones enteras, lo que está en juego no es solo la seguridad pública, sino la soberanía nacional misma”, afirmó.

Arturo Medina subrayó que preservar la soberanía no solo implica proteger al país de amenazas externas, sino impedir que grupos criminales se conviertan en poderes paralelos capaces de influir en gobiernos, elecciones o decisiones institucionales.

En ese sentido, insistió en que, en el caso de Sinaloa, cualquier funcionario presuntamente involucrado debe separarse del cargo para garantizar investigaciones objetivas, pero dejó claro que eso por sí solo resulta insuficiente.

“No basta con pedir licencias o renuncias estratégicas. Se requiere un compromiso real de la Fiscalía General de la República para investigar a fondo, integrar expedientes sólidos y, en su caso, fincar responsabilidades penales. La colusión con el crimen organizado no puede minimizarse a una narrativa política, porque representa una de las formas más graves de traición al Estado mexicano”, puntualizó.

Finalmente, Medina llamó a que la lucha contra la infiltración criminal en la política deje de ser selectiva, reactiva o partidista, y se convierta en una verdadera política de Estado.

“México necesita instituciones que actúen por mandato constitucional y por responsabilidad histórica, no por miedo al costo electoral. La sociedad merece verdad, justicia y un país donde ningún gobierno entregue territorios, instituciones o ciudadanía al crimen organizado”, concluyó.

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