El comerciante Gabino Torres Montañés, propietario de la Industrial Tamalera Delicias, ubicada sobre la avenida Octava Sur, denunció presunto hostigamiento por parte de personal de Coespris, al asegurar que nuevamente intentaron clausurar las instalaciones, pese a que actualmente el establecimiento ya no opera como antes y únicamente representa su fuente de sustento personal.

Torres Montañés relató que entre los años 2008 y 2022 su negocio fue uno de los más prósperos de la región, llegando a generar más de 45 empleos directos. Sin embargo, afirmó que la pandemia por COVID-19 marcó un antes y un después para la empresa.


Explicó que durante la contingencia sanitaria recibió visitas de autoridades estatales, quienes le solicitaron cumplir con diversas disposiciones en materia de Protección Civil y conciliación laboral. Aseguró que aceptó atender las observaciones para evitar una clausura y que incluso le otorgaron un plazo de 30 días para regularizar la situación. No obstante, señaló que al día siguiente las autoridades regresaron y cerraron el negocio.

El comerciante indicó que posteriormente obtuvo un amparo y que el Gobierno Municipal de Delicias le permitió alinearse a los requisitos para volver a operar. Sin embargo, aseguró que las pérdidas económicas fueron irreversibles.

Desde entonces, dijo, la empresa quebró, acumuló deudas y ya no pudo recuperar su capacidad de producción ni volver a contratar personal. Actualmente, él mismo elabora y vende los tamales, utilizando esta actividad únicamente como un medio para obtener ingresos y sostenerse económicamente.

El afectado manifestó que recientemente personal de Coespris acudió nuevamente con la intención de clausurar el inmueble, situación que calificó como injustificada, pues afirmó que ya no se trata de una fábrica con la operación que tenía anteriormente.

"Ellos no vienen de una forma de ayudar o de acatar ciertas medidas; vienen con el objetivo de multar y cerrar sin fundamentos", expresó el comerciante, quien pidió a las autoridades actuar con sensibilidad y privilegiar el diálogo antes de aplicar sanciones.

Mayra Hermosillo González