El derecho a la educación inclusiva no distingue entre escuelas públicas y privadas. Bajo ese argumento, el abogado particular Gerardo Navarrete informó que actualmente brinda asesoría legal a varias madres de familia que denuncian presuntos actos de discriminación en una institución educativa privada de Delicias, donde alumnos con alguna neurodivergencia enfrentarían obstáculos para permanecer inscritos.

De acuerdo con el litigante, hasta el momento son alrededor de siete casos los que buscan representación legal. Explicó que, por ahora, las familias han optado por esperar una respuesta de las autoridades educativas antes de iniciar procedimientos legales; sin embargo, señaló que una de las madres decidió abandonar el proceso debido al desgaste emocional que le generó la situación.

Navarrete explicó que el derecho a la educación está protegido por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley General de Educación, la cual establece que el sistema educativo debe garantizar una educación inclusiva, eliminando barreras de discriminación, exclusión y segregación. Además, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su artículo 24, obliga al Estado mexicano a asegurar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una educación inclusiva, con los apoyos y ajustes razonables que requieran.

El abogado, quien además es padre de una niña neurodivergente, comentó que este tema representa una causa personal, pues considera que mientras más familias denuncien este tipo de situaciones, mayores serán las posibilidades de generar precedentes que fortalezcan la inclusión educativa.

Señaló que, según el testimonio de los padres, la institución educativa les ha informado que deberán esperar al siguiente ciclo escolar debido a la alta demanda; no obstante, precisó que los menores involucrados ya se encontraban inscritos y no son alumnos de nuevo ingreso, por lo que, a su consideración, su permanencia debería estar garantizada.


Asimismo, sostuvo que negar espacios o limitar el acceso por motivos relacionados con una condición de neurodivergencia podría constituir un acto de discriminación y una vulneración a diversos ordenamientos legales.


Navarrete añadió que la Secretaría de Educación y Deporte del Estado tiene la responsabilidad de vigilar el respeto al derecho a la educación tanto en escuelas públicas como privadas. En ese sentido, consideró que, de existir una posible vulneración a derechos humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) puede intervenir y dar seguimiento al caso en coordinación con las autoridades educativas, aun cuando se trate de un plantel particular. No obstante, indicó que algunos padres le manifestaron que, al acudir a solicitar orientación, recibieron la respuesta de que la Comisión no podía intervenir por tratarse de una institución privada.

El abogado también afirmó que persiste un temor en algunos planteles para recibir estudiantes neurodivergentes; sin embargo, recordó que el enfoque actual de la educación es la inclusión y que corresponde al Estado generar las condiciones y apoyos necesarios para garantizar que estos menores puedan aprender y desarrollarse en igualdad de oportunidades.


Finalmente, hizo un llamado a las familias que atraviesan situaciones similares a denunciar y buscar asesoría legal. Informó que representará estos casos de manera gratuita, al considerar que es necesario sentar precedentes que fortalezcan la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con cualquier tipo de neurodivergencia y evitar que permanezcan en condiciones de exclusión o vulnerabilidad.

Mayra Hermosillo González