En medio de los reproches de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, por una redada de ICE en MacArthur Park, en el centro de la ciudad, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, también alzó la voz y se unió a una coalición de otros 17 fiscales generales para apoyar la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que impugna el uso de tácticas ilegales de control migratorio por parte del gobierno federal en la ciudad más importante de California.
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En un escrito amicus presentado en el caso Perdomo v. Noem, la Fiscal General James y la coalición instan al tribunal a otorgar una orden de restricción temporal que detengan las redadas, que han afectado gravemente a la comunidad, perjudicado las economías locales y socavado la confianza pública en las fuerzas del orden.

“En Los Ángeles y en todo el país, estamos viendo cómo los agentes de inmigración emplean tácticas distópicas profundamente dañinas”, declaró la Fiscal General James. “Nadie debería temer ser interrogado, detenido o deportado por agentes enmascarados no identificados mientras lleva a sus hijos a la escuela, al trabajo o a la iglesia. Estas redadas masivas están separando familias, amenazando la seguridad pública y convirtiendo barrios antes animados en pueblos fantasma. Los agentes federales están sembrando el miedo en comunidades enteras, por lo que instamos a la corte a intervenir y detener estas redadas inconstitucionales de inmediato”.

Desde junio, surgieron informes de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, una ciudad santuario, por lo que estallaron protestas en toda la ciudad. En respuesta, el presidente Trump desplegó 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles sin el consentimiento del estado. Desde entonces, el gobernador de California, Gavin Newsom, lo que ha mantenido en un enfrentamiento entre gobierno federal y estatal.

Por lo tanto, en el informe, la Fiscal General James y la coalición detallan cómo las actuales medidas de control migratorio del gobierno federal han alterado el ritmo de la vida cotidiana en Los Ángeles.

Se estima que en los últimos meses, agentes enmascarados que realizan operativos sin previo aviso y sin identificación en vecindarios, iglesias, escuelas y negocios locales han generado temor entre la gente de salir de sus hogares.

“Residentes, incluidos ciudadanos estadounidenses, han sido detenidos, interrogados y acosados ​​ilegalmente, a menudo sin ninguna sospecha razonable de irregularidades. Los negocios locales y los mercados agrícolas han cerrado por temor a las medidas de control. Hospitales y clínicas de salud reportan un aumento vertiginoso en las tasas de cancelación de citas, lo que representa una preocupación alarmante para la salud pública”, cita James.

En suma, dijo, los estudiantes están faltando a clases y a las ceremonias de graduación, días que se supone que están entre los más felices de sus vidas. Los lugares de culto también han experimentado una drástica disminución en la asistencia.

Junto a la Fiscal General James en la presentación de este escrito están los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Oregón, Vermont y Washington.

Los fiscales generales destacan la larga historia de campañas discriminatorias y militarizadas de control migratorio en California, incluyendo la “Operación Espalda Mojada”, una campaña de deportación masiva de 1954 que tomó su nombre de un insulto étnico, así como las redadas de La Placita durante la Gran Depresión.

Los fiscales generales señalan que, en aquel entonces, se culpó indiscriminadamente a los trabajadores agrícolas mexicanos por la escasez de empleos y la reducción de las prestaciones públicas, y que, en última instancia, la campaña resultó en la deportación de casi 2 millones de mexicoamericanos, más de la mitad de los cuales eran ciudadanos estadounidenses, sin el debido proceso.

Los fiscales generales argumentan que la conducta del gobierno federal genera confusión y temor, lo cual también obstaculiza directamente la aplicación de la ley local.

El último reflejo de este escenario se vivió justo este lunes, cuando docenas de agentes de inmigración, algunos a caballo, otros que llevaban rifles en vehículos blindados, barrieron MacArthur Park en una extraordinaria muestra de fuerza en el corazón de la comunidad inmigrante de Los Ángeles, lo que desató una airada protesta de las autoridades locales.