Casi 1,000 menores centroamericanos se encuentran en riesgo de ser deportados a Guatemala, Honduras y El Salvador sin que sus procesos en las cortes de inmigración hayan llegado a su fin. Al menos, 40 de ellos son de California.
La Opinión.com

Un anticipo de que eso podría ocurrir se vivió la noche del 31 de agosto, cuando la Administración Trump intentó deportar a por lo menos 76 niños guatemaltecos, a quienes sacaron de sus camas en albergues y hogares de crianza, los pusieron en vehículos Vans y los trasladaron a los aeropuertos, de acuerdo a lo denunciado por Lindsay Toczylowski, presidenta de la organización Immigrant Defenders Law Center (ImmDef).

“Estos niños no han tenido su día en la corte. Muchos de ellos han expresado su miedo a regresar a Guatemala debido a la violencia, abuso, abandono o tráfico humano”, dijo.

Por tanto, afirmó que “todos estos menores tienen derecho a perseguir un alivio legal y buscar seguridad en Estados Unidos, pero no es sorprendente que la administración Trump considere que esos derechos constitucionales y estatutarios son inconvenientes para sus despiadados esfuerzos por expulsar a los inmigrantes”.

Muchos – dijo – temen por su seguridad si regresan a Guatemala, donde, según los abogados, serían expuestos a la violencia de las pandillas, abuso físico y negligencia.

La deportación de los menores que ya se encontraban a bordo del avión y en la pista, fue evitada por el juez federal Sparkle Sooknanan que bloqueó el vuelo al emitir una orden de emergencia.

Pero la orden de emergencia solo aplica para los niños guatemaltecos, y expiró el domingo 15 de septiembre, por lo que los defensores esperan una ampliación.

Los abogados han solicitado al juez federal de distrito Timothy J. Kelly, designado por Trump, que extienda la orden de emergencia y detenga la deportación de menores de otros países que no desean ser devueltos.

Argumentan que los funcionarios estadounidenses no tienen autoridad para deportarlos sin que sus solicitudes de asilo sean vistas ante un juez de inmigración.

“En plena noche de un fin de semana festivo, la administración Trump sacó de sus camas a niños vulnerables y asustados e intentó devolverlos al peligro en Guatemala”, declaró Efrén C. Olivares, del National Immigration Law Center, que presentó la demanda.

“Nos consuela que el tribunal haya evitado esta injusticia antes de que cientos de menores sufrieran daños irreparables”.

La Administración Trump ha identificado a aproximadamente 600 niños guatemaltecos que viven solos para su deportación.

Notificó al personal de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) la noche del viernes 29 de agosto para prepararlos para la deportación, a pesar de que sus procedimientos migratorios estaban en curso.

Tanto los abogados como los niños se sorprendieron al enterarse esa noche de que podrían ser repatriados. Entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, 76 niños guatemaltecos fueron embarcados en aviones para su deportación sin importarles su bienestar ni su seguridad, ya que muchos expresaron un profundo temor a regresar a Guatemala.

Lo ocurrido el 31 de agosto se parece a la desaparición de 152 venezolanos en la prisión de tortura CECOT de El Salvador.

“El gobierno de Trump intenta, una vez más, desaparecer ilegalmente a personas —en esta ocasión, niños bajo custodia del gobierno, solos y sin tutores que los protejan—, con la esperanza de salirse con la suya al amparo de la oscuridad antes de que intervenga un tribunal”, dijo Toczylowski, la presidenta del Immigrant Defenders Law Center.

Agradeció al propio National Immigration Law Center (NILC) al Children’s Law Center of Chicago, y Florence Immigrant & Refugee Rights Project (FIRRP) y muchas otras organizaciones en todo el país que dieron prioridad la justicia para los niños inmigrantes sobre el sueño durante el feriado Día del Trabajo para detener el abuso de poder, mientras el gobierno preparaba los aviones para el despegue.

Enfatizó que estos niños no son peones políticos sino son seres humanos.

“Como abogada de inmigración y madre, me duele el corazón ver esta cruel y despiadada violación de sus derechos por parte de la administración. Este es un ejemplo clásico de cómo la administración Trump ataca a los más vulnerables”.

Lo que es más, sostuvo que estas deportaciones ilegales se orquestaron intencionalmente mientras la mayoría de los estadounidenses dormían durante un fin de semana festivo, en un esfuerzo calculado para ocultar los actos de ilegalidad y crueldad de la administración.

“Esta descarada burla a nuestro sistema de justicia debería despertar a todos los estadounidenses de buena conciencia y motivarlos a tomar medidas para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos”.

En Arizona, un juez federal también bloqueó de manera temporal que el gobierno de Trump deportara a los niños guatemaltecos y hondureños que viven en sus albergues y hogares de crianza.

Otro juez federal impidió en Illinois la deportación de niños guatemaltecos.

“Estos niños están literalmente aquí sin sus padres y son muy vulnerables. Por eso me sorprenden los ataques de la administración”, declaró Laura Smith, directora del Centro Legal Infantil en Chicago y abogada del caso de Illinois.

El esfuerzo por deportar a los niños inmigrantes centroamericanos se da al tiempo que la Administración busca poner fin al financiamiento de los abogados que representan a los niños no acompañados, y terminar con un acuerdo de décadas que requiere estándares mínimos para cuidar a los niños en detención.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo se unió a los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos al asegurar que no se planeaba deportar a los menores sino repatriarlos para que pudieran reunificarse con su familia.

Prometió continuar en la lucha para llevar de regreso a los niños a Guatemala bajo un programa piloto que le ha propuesto al presidente Trump.

El sitio de noticias Prensa Libre de Guatemala reportó que decenas de padres habían llegado a la ciudad de Guatemala para recoger a sus hijos.

Xiomara Lima dijo a este medio que su hijo de 17 años la llamó para decirle que iba a llegar a Guatemala, pero después de que el vuelo fue detenido, no tienen idea cuando regresara.

Mientras que Gilberto López dijo a la Prensa Libre que él había viajado de la zona rural a la capital guatemalteca para recoger a su sobrino.

“Él se fue a Estados Unidos para ayudarnos, porque somos pobres y no hay cura aquí para nuestros problemas de salud. Esa fue la razón por la que él nos dejó”.

El consejero de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, criticó en el sitio X al juez por bloquear los vuelos.

“Todos los menores han declarado que sus padres están de vuelta en Guatemala. Pero un juez demócrata se niega a permitirles reunirse con sus padres”.

Congreso toma acción
El 15 de septiembre, el senador de California, Alex Padilla, el líder demócrata del Senado, Dick Durbin, el congresista de Maryland Jamie Raskin y la congresista de Washington Pramila Jayapal exigieron respuestas a la administración Trump sobre sus esfuerzos para expulsar a decenas de niños guatemaltecos no acompañados de Estados Unidos en plena noche del fin de semana del Día del Trabajo.

En su carta al secretario de estado, Marco Rubio, a la fiscal Pam Bondi, al secretario de salud y servicios humanos, Robert F. Kennedy, Jr., y a la secretaria de seguridad nacional, Kristi Noem, los legisladores solicitaron copias del acuerdo que la Administración afirmó haber alcanzado con el gobierno de Guatemala en relación con estas expulsiones así como de los requisitos de capacitación para los funcionarios que interactúan con niños.

“Nos preocupa que hayan violado el debido proceso y los derechos procesales de estos niños y niñas, y que, al hacerlo, incumplieron con su obligación legal de salvaguardar el interés superior de los niños bajo su cuidado”, escribieron en la carta.

“Los menores no acompañados (UAC) se encuentran entre los niños más vulnerables que intentan navegar nuestro complejo sistema migratorio. Deben confiar en el cuidado del gobierno, ya que con frecuencia han huido de abusos, violencia y persecución en el extranjero”, añadieron los legisladores.

Agregaron: “tienen derecho a la notificación y al debido proceso conforme a la Constitución, y la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA) establece procedimientos especiales para la expulsión o salida voluntaria de los UAC, a fin de garantizar que se les conceda dicho proceso”.

Los legisladores exigieron respuestas a sus preguntas sobre el incidente antes del 29 de septiembre.