El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma para tipificar como delito en el Código Penal las llamadas falsas o de broma al número de emergencias 9-1-1, iniciativa presentada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, ante la Comisión de Seguridad y Protección Civil.

La medida busca combatir el uso irresponsable de la línea de emergencias, el cual representa un riesgo para la seguridad pública al distraer recursos destinados a atender incidentes reales

Durante 2025 el 9-1-1 en Chihuahua recibió 2, 454, 268 llamadas, de las cuales 65.30 por ciento fueron improcedentes.

La Diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión Seguridad Pública y Protección Civil, señaló que cada llamada falsa ocupa líneas y recursos de emergencia, lo que puede retrasar la atención de incidentes legítimos.

Los operadores del 9-1-1 deben tratar cada reporte como real hasta comprobar lo contrario, lo que puede implicar la movilización de ambulancias, patrullas, bomberos o cuerpos de rescate, dejando otras zonas momentáneamente sin cobertura.

Con la reforma se adiciona el Artículo 307 Bis al Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece que quien realice de manera dolosa una llamada falsa de emergencia o comunique un aviso inexistente que implique la movilización de servicios de seguridad, emergencia médica, protección civil o rescate, podrá recibir una pena de seis a doce meses de prisión, además de una multa de 100 a 400 UMAs.

La legislación también contempla que las sanciones aumenten hasta en una mitad de la pena de prisión y hasta en una tercera parte de la multa cuando la llamada falsa provoque movilización efectiva de corporaciones o cause daños, lesiones o perjuicios. Asimismo, el juez podrá considerar factores como la reincidencia, el número de reportes falsos y la magnitud de los recursos movilizados.

La reforma precisa que cuando la llamada falsa sea consecuencia de un error de apreciación sin intención maliciosa, se aplicarán las disposiciones previstas en el Código Penal sobre excluyentes de delito.

Con esta medida, se busca fortalecer la responsabilidad en el uso del número de emergencias y garantizar una atención oportuna a quienes realmente lo necesitan.