Ante los recientes hechos relacionados con la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Sinaloa, los Centros Empresariales de la Federación Chihuahua: CE de Chihuahua, CE de Ciudad Delicias, COPARMEX Ciudad Juárez, COPARMEX Cuauhtémoc, COPARMEX Parral y COPARMEX Nuevo Casas Grandes, exigimos que las instituciones del Estado mexicano actúen con estricto apego al debido proceso, al Estado de Derecho y a criterios homogéneos e imparciales en todos los casos, sin distinción de actores o niveles de gobierno.

En semanas recientes, el tratamiento jurídico y gubernamental en los casos que involucran a los mandatarios estatales de Chihuahua y Sinaloa ha generado cuestionamientos sobre la consistencia e imparcialidad con la que se ejerce la autoridad del Estado. Por ello, reiteramos que el principio de legalidad exige que todas las autoridades actúen bajo los mismos criterios, sin distinción de filiaciones políticas o posiciones de gobierno. Consideramos fundamental que las instituciones actúen con estricto apego a la legalidad y al principio de presunción de inocencia ante cualquier señalamiento. Por otra parte, nos parece que los casos registrados en Chihuahua y Sinaloa responden a contextos distintos, por lo que resulta indispensable evitar interpretaciones políticas que desvíen la atención de los retos prioritarios que enfrenta el país en materia de seguridad, inversión y fortalecimiento institucional.

El federalismo es un pilar esencial del Estado constitucional mexicano, al garantizar el equilibrio entre órdenes de gobierno y proteger la soberanía de las entidades federativas. Su debilitamiento o aplicación desigual afecta la certeza jurídica, la confianza institucional y las condiciones necesarias para la inversión y el desarrollo económico del país.

Asimismo, advertimos que cualquier percepción de actuación diferenciada de las instituciones puede generar un impacto negativo en la confianza para la inversión privada, particularmente en un contexto de bajo crecimiento económico y de necesidad urgente de generación de empleo formal. México requiere fortalecer sus condiciones de certidumbre jurídica y estabilidad institucional para mantener competitividad frente al entorno internacional. Exigimos a las autoridades competentes actuar con transparencia, congruencia y rigor institucional, garantizando que toda actuación se mantenga dentro del marco de la legalidad y libre de cualquier interpretación de carácter político o partidista.

México enfrenta desafíos económicos y de inversión que hacen indispensable fortalecer la credibilidad de sus instituciones. La revisión del T-MEC en 2026 y el entorno internacional de alta competencia exigen condiciones de estabilidad normativa. Reiteramos nuestra exigencia a todas las instituciones a consolidar prácticas basadas en la legalidad, la imparcialidad y el fortalecimiento institucional como elementos esenciales para preservar la estabilidad democrática del país.


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