Chihuahua. - La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua a intervenir en la situación que enfrentan las familias del fraccionamiento Las Huertas, con el objetivo de garantizar procesos transparentes, trato digno y certeza jurídica en la regularización de sus viviendas.

La legisladora señaló que alrededor de 500 personas viven actualmente en incertidumbre derivada de un conflicto entre particulares, pese a que muchas familias han habitado la zona durante más de 20 años.

“Al día de hoy, un conflicto por el pago entre dos personas morales, tiene en la zozobra a casi doscientas familias del Fraccionamiento Las Huertas, al surponiente de la ciudad, muchas de ellas asentadas de manera irregular, pero que han habitado esta zona de manera pacífica y continua durante más de dos décadas, asumiendo el pago de servicios, mantenimiento y contribuciones de los inmuebles durante este tiempo”, precisó.

En su exposición de motivos, Argüelles Díaz advirtió que las y los vecinos han manifestado disposición para regularizar sus viviendas; sin embargo, persisten preocupaciones graves sobre la forma en que se están llevando a cabo las negociaciones con la empresa acreedora Consultorías Rigg, S.A. de C.V.

Entre las principales inquietudes expuestas por las familias destacan:
- La solicitud de pagos iniciales de hasta 100 mil pesos para iniciar procesos de regularización.
- La falta de alternativas para quienes no tienen acceso a créditos de vivienda, como los del INFONAVIT.
- Casos de personas que ya realizaron pagos sin avances visibles en sus trámites.
- Mesas de negociación privadas y sin acompañamiento institucional.
- Ausencia de contratos de adhesión registrados ante la PROFECO.
- Posibles conflictos de interés entre representantes de las partes involucradas.
- Plazos insuficientes para que las familias puedan organizarse y acceder a soluciones reales.

Por ello, la congresista propuso la instalación de mesas de negociación abiertas y transparentes, con presencia de autoridades, así como mecanismos que garanticen seguridad jurídica y eviten posibles abusos o fraudes.

“La vivienda debe entenderse como un derecho humano y social. Las familias no están pidiendo privilegios; están exigiendo condiciones justas y certeza para conservar el lugar donde han vivido durante años”, expresó la diputada.