Chihuahua, Chih., a 07 de mayo del 2026.- A fin de garantizar el derecho a la educación y brindar certeza jurídica sobre los inmuebles donde operan las instituciones educativas públicas, el diputado Óscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar el Código Municipal para el Estado de Chihuahua y fortalecer el marco jurídico local en materia de regularización patrimonial.

Señaló que, si bien el municipio es la base de la organización política y administrativa, encargada de servicios fundamentales, en diversas regiones de Chihuahua persiste una problemática histórica: muchos planteles educativos operan en predios donados de buena fe en décadas pasadas, pero que carecen de escrituración e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

"Esta situación genera incertidumbre jurídica, limitando la inversión en infraestructura educativa y, en casos extremos, poniendo en riesgo la permanencia de los centros escolares", explicó el diputado Avitia.

Advirtió que hay una ausencia de mecanismos claros y obligatorios que articulen la actuación de las autoridades Municipales, Estatales y Federales en esta materia. “Si bien existen atribuciones dispersas, no se cuenta con una disposición expresa que establezca responsabilidades concretas para impulsar procesos sistemáticos de diagnóstico, regularización y escrituración de dichos predios”, subrayó.

En ese sentido, indicó que la iniciativa busca fortalecer el marco jurídico local para promover la coordinación interinstitucional y definir facultades y obligaciones de las autoridades municipales en materia de regularización de bienes inmuebles destinados al servicio educativo, y aseguró que no se trata de alterar el régimen de propiedad, sino de otorgar los títulos de propiedad necesarios.


Detalló que dentro de la propuesta legislativa se plantea integrar un padrón estatal de planteles educativos en situación irregular, implementar etapas de diagnóstico, regularización y escrituración, así como la definición de metas programáticas que permitan evaluar los avances.

"Esta propuesta busca proteger y preservar los espacios educativos como bienes de interés público, fortaleciendo las condiciones materiales y jurídicas necesarias para el pleno ejercicio del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado", concluyó el legislador.